Yolanda Díaz da tres semanas a los expertos para proponer el incremento del SMI, actualmente situado en 1.221 euros mensuales. El Gobierno pretende evitar que la inflación reduzca el poder adquisitivo de los trabajadores.
El Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha este jueves el procedimiento para aprobar una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2027. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reunido a la comisión de expertos encargada de recomendar el incremento y le ha dado un plazo de tres semanas para presentar sus conclusiones.
La intención del Gobierno es aprobar la subida antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, aunque todavía no existe una propuesta definitiva sobre su cuantía.
Díaz ha pedido a los especialistas que tengan especialmente en cuenta la evolución de los precios para garantizar que los trabajadores con salarios más bajos no pierdan poder adquisitivo.
¿Cuánto podría subir el salario mínimo?
El salario mínimo vigente en España es de 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 17.094 euros anuales.
Si el trabajador recibe su salario distribuido en doce mensualidades, la cantidad equivalente es de 1.424,50 euros brutos al mes.
La última actualización entró en vigor con efectos desde el 1 de enero de 2026 y supuso un incremento del 3,1%.
Para 2027 todavía no hay una cifra aprobada. Sin embargo, la evolución de la inflación apunta a que el incremento podría ser superior al del presente ejercicio.
El Índice de Precios de Consumo registró en septiembre una tasa interanual del 4,9%, mientras que la inflación acumulada durante el año alcanza el 3,3%.
Si el salario mínimo aumentara un 4,9%, pasaría de 1.221 a aproximadamente 1.281 euros mensuales en 14 pagas. Se trata únicamente de una simulación basada en la inflación, no de una propuesta oficial.
El Gobierno quiere evitar la pérdida de poder adquisitivo
Durante su comparecencia posterior a la reunión, Yolanda Díaz defendió la necesidad de actualizar los salarios para compensar el encarecimiento de la vida.
La ministra sostuvo que los márgenes empresariales permiten afrontar una nueva subida y consideró que el esfuerzo para contener los efectos de la inflación no debe recaer exclusivamente sobre los trabajadores.
La comisión asesora tendrá que estudiar distintos indicadores económicos, entre ellos la productividad, la evolución de los salarios y los beneficios empresariales, antes de recomendar una horquilla de incremento.
El informe deberá estar preparado a finales de octubre o comienzos de noviembre, según el calendario fijado por Trabajo.
Sindicatos y empresarios tendrán que negociar
Una vez que los expertos presenten sus conclusiones, el Ministerio trasladará su propuesta a los sindicatos y a las organizaciones empresariales.
Las posiciones de ambas partes han sido diferentes en las últimas negociaciones.
Los sindicatos defienden que el salario mínimo continúe aumentando y reclaman, además, medidas para impedir que las empresas compensen las subidas reduciendo determinados complementos salariales.
Las organizaciones empresariales, por su parte, han mostrado reservas ante los incrementos aprobados en los últimos años y han quedado fuera de los acuerdos más recientes.
El Gobierno puede aprobar la actualización del SMI sin que exista acuerdo entre sindicatos y patronal, como ya ha ocurrido anteriormente.
¿A qué trabajadores beneficiará?
La subida afectaría directamente a quienes perciben el salario mínimo legal, siempre que su retribución deba actualizarse conforme a la nueva cuantía.
También puede tener consecuencias para trabajadores cuyos salarios se sitúan ligeramente por encima del mínimo, dependiendo de la estructura de sus nóminas y de los convenios colectivos aplicables.
El SMI constituye una referencia especialmente importante para los empleos con remuneraciones más bajas, entre ellos determinados puestos de hostelería, comercio, agricultura y servicios.
Su actualización también repercute en la remuneración mínima de las personas empleadas de hogar.
No obstante, hasta que se conozca la cuantía definitiva y se apruebe la correspondiente norma, ningún trabajador puede dar por garantizado un incremento concreto.
Una subida marcada por el calendario electoral
La decisión de acelerar los trabajos se produce después de la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.
Trabajo pretende dejar aprobada la actualización antes de esa fecha, adelantando así un procedimiento que habitualmente se ha desarrollado durante los últimos meses del año o al comienzo del siguiente.
Díaz ha desvinculado la convocatoria de los expertos del calendario electoral y ha defendido que el Gobierno debe continuar adoptando decisiones mientras permanezca en funciones.
Por ahora, la única decisión adoptada es iniciar el procedimiento y solicitar una propuesta a los expertos. El importe final, las condiciones de aplicación y la fecha de aprobación siguen pendientes.
