El Consejo de Ministros recupera los dos decretos rechazados por el Congreso e incorpora préstamos del ICO de hasta 50.000 euros sin intereses para quienes puedan pagar una hipoteca pero no hayan conseguido ahorrar la entrada
El Gobierno vuelve a poner la vivienda en el centro de su agenda. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes nuevamente los dos reales decretos de vivienda que fueron rechazados la pasada semana en el Congreso, aunque incorpora algunas modificaciones y una medida especialmente relevante: 10.000 millones de euros para facilitar la compra de la primera vivienda.
La nueva línea será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y permitirá conceder préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses destinados a cubrir la parte de la compra que normalmente no financia una hipoteca bancaria.
La medida pretende responder a una situación cada vez más habitual: personas con ingresos suficientes para afrontar una hipoteca que, sin embargo, no consiguen reunir el ahorro necesario para pagar la entrada de una vivienda.
Hasta 50.000 euros para pagar la entrada
El mecanismo estará destinado a quienes compren su primera vivienda y no estará limitado exclusivamente a los jóvenes.
El Gobierno plantea que tenga carácter intergeneracional, por lo que también podrán acceder personas de mayor edad y familias que cumplan los requisitos que se establezcan.
Los préstamos podrán alcanzar un máximo de 50.000 euros, con el objetivo de cubrir la parte del precio de la vivienda que habitualmente queda fuera de la financiación hipotecaria. El Ejecutivo ha señalado además que serán préstamos sin intereses.
La iniciativa trata así de atacar uno de los principales obstáculos para acceder a una vivienda en propiedad: no tanto la capacidad mensual para pagar una hipoteca como disponer previamente de decenas de miles de euros ahorrados.
También vuelven las medidas para los inquilinos
Los decretos no se limitan a facilitar la compra.
El Gobierno recupera buena parte de las medidas rechazadas por el Congreso la semana pasada, entre ellas la posibilidad de prorrogar hasta dos años determinados contratos de alquiler para inquilinos que estén al corriente de pago y limitar las subidas durante ese periodo.
También se mantienen medidas de protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables y nuevas reglas para los alquileres de temporada y por habitaciones, dos modalidades que han aumentado considerablemente durante los últimos años.
A ello se añaden incentivos fiscales para pequeños propietarios que alquilen sus viviendas a precios asequibles y deducciones para determinados inquilinos.
Más límites a los fondos de inversión
Otro de los grandes bloques de los decretos se dirige a combatir la especulación inmobiliaria.
El Ejecutivo pretende limitar determinadas operaciones de compra de viviendas realizadas por fondos de inversión, además de vincular los beneficios fiscales de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria —las conocidas como socimis— al alquiler asequible.
Los pisos turísticos también estarán afectados por las nuevas medidas fiscales, con el objetivo declarado por el Gobierno de que tributen como una actividad económica.
El Ejecutivo sostiene que estas medidas pretenden diferenciar entre el pequeño propietario que alquila una vivienda y los grandes operadores que acumulan inmuebles con una finalidad fundamentalmente inversora.
Más dinero para aumentar la oferta
El paquete incorpora además 280 millones de euros en avales para fomentar la construcción industrializada de viviendas y otros 400 millones destinados a proveedores de vivienda social.
También está previsto transferir a la empresa pública Casa 47 miles de inmuebles procedentes de la Seguridad Social para incorporarlos a las políticas públicas de vivienda.
El objetivo declarado es aumentar el parque disponible para jóvenes, trabajadores y familias con dificultades para acceder al mercado.
Los decretos todavía necesitan pasar por la Diputación Permanente
La aprobación por el Consejo de Ministros no significa que todas las medidas tengan definitivamente garantizada su continuidad.
Con las Cortes disueltas, los nuevos reales decretos deberán pasar por la Diputación Permanente del Congreso, que tendrá que pronunciarse sobre su convalidación.
Además, el Gobierno ha precisado que algunas medidas, especialmente las relacionadas con la prórroga de determinados contratos de alquiler, quedarán condicionadas a esa convalidación.
La batalla política que provocó la caída de los anteriores decretos, por tanto, todavía no ha terminado.
Pero el nuevo paquete introduce un elemento que puede tener un impacto directo sobre miles de personas: el Estado está dispuesto a prestar hasta 50.000 euros sin intereses a quienes puedan pagar una hipoteca pero no hayan conseguido ahorrar lo suficiente para dar el primer paso y comprar una vivienda.
