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Durante años, la política española ha convivido con una sospecha incómoda: la posibilidad de que determinadas estructuras del Estado fueran utilizadas no para perseguir delitos, sino para intervenir en la disputa partidista. La reciente decisión del juez Santiago Pedraz de imputar a antiguos responsables de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por un presunto espionaje contra Podemos vuelve a colocar esa sospecha en el centro del debate público.  Según la investigación judicial, los hechos se remontan a una etapa en la que diversos informes, filtraciones y operaciones policiales apuntaban de manera recurrente contra dirigentes de la formación morada. Lo que durante años fue denunciado por Podemos como una campaña de persecución política comienza ahora a adquirir una dimensión judicial que trasciende la confrontación partidista y plantea interrogantes mucho más profundos sobre la salud institucional del Estado.  El problema no reside únicamente en determinar si existió o no una operación irregular. La cuestión verdaderamente inquietante es otra:...

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