Durante años, la política española ha convivido con una sospecha incómoda: la posibilidad de que determinadas estructuras del Estado fueran utilizadas no para perseguir delitos, sino para intervenir en la disputa partidista. La reciente decisión del juez Santiago Pedraz de imputar a antiguos responsables de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por un presunto espionaje contra Podemos vuelve a colocar esa sospecha en el centro del debate público.
Según la investigación judicial, los hechos se remontan a una etapa en la que diversos informes, filtraciones y operaciones policiales apuntaban de manera recurrente contra dirigentes de la formación morada. Lo que durante años fue denunciado por Podemos como una campaña de persecución política comienza ahora a adquirir una dimensión judicial que trasciende la confrontación partidista y plantea interrogantes mucho más profundos sobre la salud institucional del Estado.
El problema no reside únicamente en determinar si existió o no una operación irregular. La cuestión verdaderamente inquietante es otra: ¿qué ocurre cuando los organismos encargados de investigar pasan a ser ellos mismos objeto de investigación?
La democracia liberal descansa sobre una premisa fundamental: quienes poseen el poder coercitivo del Estado deben estar sometidos a controles especialmente rigurosos. Cuando aparecen indicios de que determinadas unidades policiales pudieron actuar movidas por intereses políticos, la confianza ciudadana no se erosiona únicamente sobre los gobiernos de turno; se erosiona sobre el propio sistema de garantías.
Por ello resulta especialmente preocupante la creciente tendencia política y mediática a presentar a organismos como la UDEF o la UCO como actores casi infalibles, investidos de una suerte de autoridad moral automática. Ninguna institución democrática debería ocupar ese lugar. El prestigio de un cuerpo investigador no puede convertirse en una patente de inmunidad frente al escrutinio público.
La historia europea ofrece demasiados ejemplos de cómo estructuras creadas para proteger el Estado terminaron siendo utilizadas para proteger intereses concretos dentro del Estado. Precisamente por ello, el control judicial, la transparencia y la rendición de cuentas constituyen elementos inseparables de cualquier democracia madura.
La imputación de antiguos responsables policiales no equivale a una condena. Corresponderá a los tribunales determinar responsabilidades individuales. Sin embargo, el mero hecho de que una investigación de esta naturaleza exista ya constituye una señal de alarma institucional que no debería ser ignorada.
Porque si una democracia acepta sin cuestionamientos que quienes investigan no puedan ser investigados, deja de hablar el lenguaje de la justicia para comenzar a hablar el lenguaje de la fe. Y las democracias sólidas se construyen sobre pruebas, controles y garantías; nunca sobre actos de fe hacia quienes ejercen el poder, por respetables que parezcan sus uniformes o sus cargos.
