El Ejecutivo declara la situación de interés para la Seguridad Nacional y refuerza la coordinación entre once ministerios tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio. El Gobierno anuncia además nuevos recursos para la acogida, 25 millones extraordinarios para los menores y una ampliación del plan económico de Ceuta, mientras Bruselas respalda la respuesta pero pide acelerar los retornos de quienes no tengan derecho a permanecer en España.
La crisis migratoria de Ceuta entra en una nueva fase. Casi un mes después de la entrada masiva de alrededor de 80.000 personas desde Marruecos, el Gobierno ha decidido concentrar la coordinación de su respuesta bajo un mando único encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
La decisión fue adoptada este martes tras una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional presidida por Pedro Sánchez y supone declarar Ceuta en situación de interés para la Seguridad Nacional.
El objetivo es poner bajo una misma dirección las actuaciones que hasta ahora estaban repartidas entre diferentes ministerios y administraciones. El nuevo órgano coordinará a once departamentos ministeriales, además de trabajar con la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo de la ciudad autónoma.
Un mando único después de semanas de presión
La creación de esta estructura era una de las principales reclamaciones del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que había pedido al Gobierno central una coordinación más clara ante una situación excepcional.
Torres será ahora la autoridad encargada de coordinar las diferentes actuaciones relacionadas con la crisis, desde la acogida y atención humanitaria hasta los procedimientos administrativos para determinar la situación de las personas que permanecen en territorio español.
La decisión llega también después de semanas de críticas al Ejecutivo por su gestión. El PP considera que el Gobierno ha reaccionado tarde y este martes volvió a cuestionar el tiempo transcurrido antes de establecer el mando único.
La respuesta a esas críticas no debería impedir reconocer una evidencia: una crisis de estas dimensiones exige coordinación entre administraciones, pero también transparencia sobre qué ocurrió y qué información manejaba el Estado antes de la entrada masiva.
Miles de personas continúan en Ceuta
Según los datos ofrecidos este martes por la ministra de Defensa, Margarita Robles, aproximadamente el 90% de las personas que entraron a finales de julio había retornado ya el 1 de agosto, mientras alrededor de un 10% permanecía en Ceuta.
El Gobierno ha aprobado además un real decreto que permitirá habilitar instalaciones y recursos tanto estatales como de la Ciudad Autónoma para atender la situación. Torres y Vivas han acordado que la elección de esos espacios se realice de manera consensuada.
El Ejecutivo destinará también 25 millones de euros extraordinarios para la atención de menores no acompañados y ampliará el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta.
La atención a los menores constituye uno de los puntos más delicados. Su condición exige aplicar las garantías de protección de la infancia independientemente de su nacionalidad o situación migratoria.
Bruselas respalda la medida
La Comisión Europea ha valorado positivamente la creación del mando único y las medidas adoptadas por España, aunque considera que siguen existiendo importantes desafíos ante el número de personas que todavía permanece en Ceuta.
Bruselas reclama acelerar los retornos de quienes se encuentren irregularmente en España y no tengan derecho a permanecer en el país.
Pero cualquier política de devolución debe respetar las garantías legales. La gestión de una frontera no puede reducirse a una cuestión numérica: es necesario determinar individualmente quién puede solicitar protección internacional, quién se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad y quién puede ser retornado conforme a la legislación.
La crisis también alimenta los discursos de odio
Hay otra consecuencia menos visible de lo ocurrido en Ceuta. La entrada masiva de finales de julio generó casi 9.600 mensajes de odio en redes sociales en apenas 48 horas, según datos del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).
El dato demuestra hasta qué punto una crisis migratoria puede convertirse rápidamente en combustible político y social.
España tiene derecho a controlar sus fronteras y el Gobierno tiene la obligación de hacerlo de forma eficaz. Eso es perfectamente compatible con defender los derechos humanos y evitar que miles de personas sean tratadas colectivamente como una amenaza.
Seguridad y humanidad no son conceptos incompatibles.
Sánchez tendrá que explicar la gestión
El nuevo mando único puede mejorar la coordinación, pero no cierra el debate político sobre lo sucedido.
El Gobierno ha asegurado que Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso para explicar la gestión de la crisis.
Será el momento de aclarar las decisiones tomadas durante estas semanas y las posibles discrepancias sobre la información disponible antes de la entrada masiva.
Ceuta necesita recuperar la normalidad y sus ciudadanos tienen derecho a exigir respuestas. También las personas migrantes deben recibir un trato acorde con la ley y los derechos fundamentales.
El desafío para el Gobierno será demostrar que ambas cosas pueden hacerse al mismo tiempo: proteger la frontera, coordinar eficazmente al Estado y gestionar una emergencia humanitaria sin convertir a quienes llegan en el enemigo.
